Publicado originalmente en El Telégrafo
Las elecciones de noviembre que dieron la mayoría del Senado a los republicanos -después de haber perdido el control en los últimos ocho años- han sacudido cualquier pretensión de comodidad que hubiese existido en las filas de los demócratas, más aún, al presidente Barack Obama.
Frente aquello, existe la tesis de que los demócratas, a contratiempo para la llegada del período republicano en la Cámara Alta en enero 2015, han traducido los resultados en un giro de timón, con el fin de escalar posiciones frente a la opinión pública y a los ciudadanos. Por un lado, Obama, a través de un decreto, eliminó la amenaza de deportación de cerca de 4,7 millones de indocumentados, y por otro, el Senado ha sacado a la luz el reporte de su Comité de Inteligencia que revela las inhu
manas técnicas de tortura empleadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).
Pero, ¿hasta dónde puede sacrificarse la seguridad nacional con el fin de recuperarse moralmente de una pérdida electoral? La ecuación por sí sola es débil. En efecto, la develación del reporte excede el único objetivo de ganar nuevamente terreno por parte de los demócratas, pues el alto costo ya ha empezado a sentirse: por ahora, el secretario de Defensa, Chuck Hagel, ha ordenado reforzar la seguridad de todas las representaciones -diplomáticas, etc.- de Estados Unidos en el extranjero y las instalaciones estratégicas casa adentro.
No es para menos, el informe revela siniestras técnicas de ‘interrogatorio intensificado’ aplicadas por la CIA tras los ataques del 11 de septiembre, como: ahogamiento simulado, privación del sueño, alimentación rectal, incluso abusos sexuales. La situación empeora si se tiene en cuenta que 26 de los 119 detenidos eran inocentes. Además de tales crueldades, en algunos casos la CIA habría proporcionado jugosos subsidios a los países que permitían mantener prisiones clandestinas, por ejemplo a Polonia y Rumania.
Como el propio Obama lo ha reconocido, no hay momento adecuado para la publicación de un informe de tal calibre. Pero más allá de lo obvio y deleznable, no es descartable intentar comprender este acontecimiento con la falta de legitimidad de la ‘autoridad’ estadounidense en el mundo. Estados Unidos no da puntada sin dedal, menos aún en asuntos que involucran su seguridad nacional, por lo que esta aparente ‘transparencia’ más bien parece dirigirse a recuperar cierta ‘imagen’ hacia afuera, desmarcándose de la era Bush, como si fuera un paréntesis en su historia.
Lejos de que su ‘excepcionalidad moral’ (superioridad moral, capacidad de juzgar la conducta de los demás Estados) se viera debilitada por este destape, Estados Unidos no ha dudado en -acto seguido- imponer sanciones contra Venezuela. Un contrasentido histórico y peor aún de autoridad.
No hay que olvidar que la CIA espió las computadoras de los senadores que investigaban las torturas, así que, probablemente, temían lo que finalmente ha ocurrido. Hay algo más en todo esto: no es la primera vez que se confirman las actuaciones ilegales de la CIA, antes, ya reconoció que estuvo involucrada en el golpe de Estado contra el presidente de Chile, Salvador Allende.
Por último, las revelaciones del Senado sobre las prácticas perversas de la Agencia de Inteligencia recuerdan la tesis de la existencia de ‘dos Estados’, uno público y de rostro democrático, y otro ‘profundo’ paralelo, en el que convergen acciones secretas de los aparatos militares y de inteligencia. Por tanto, ¿se trata esta vez del debilitamiento de las redes de influencia de este ‘Estado oculto’ frente al ‘democrático’ en circunstancias en las que el intervencionismo militar estadounidense parece ya no ser el método?
