La paz no pende de un secuestro

Publicado originalmente en El Telégrafo aquí

Las negociaciones de paz no iban a ser fáciles, aun cuando en esta ocasión existen ciertas condiciones que las favorezcan más que en ocasiones anteriores, como: el consenso entre los actores políticos de llegar a un acuerdo, el respaldo regional, el debilitamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la voluntad política del Gobierno, entre otras.

Ya son dos años de relativa continuidad y éxito en la búsqueda de paz, sin tregua militar en el campo de batalla, tal como lo ha condicionado el gobierno del presidente Santos. No obstante, al igual que en ocasiones anteriores, un secuestro amenaza con dilatar, e incluso romper, el proceso.  

A inicios de la década del noventa las conversaciones sostenidas por la administración de César Gaviria con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (integrada por las FARC, el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y el Ejército Popular de Liberación -EPL-) en Caracas, luego en Tlaxcala, se quebraron debido al secuestro del exministro Argelino Durán, quien murió en cautiverio. En 2002, las negociaciones del Caguán, llevadas a cabo por Andrés Pastrana con las FARC, también se frustraron por el plagio del senador Jorge Géchem. Cuatro años de diálogos concluyeron sin acuerdo. 

El corte bilateral de hostilidades no ha ocurrido y ha sido una precondición del gobierno de Santos para sostener las conversaciones con la guerrilla. En negociaciones pasadas, la desmilitarización de ciertas zonas -como las zonas de distensión creadas por Pastrana- derivaron en una reocupación territorial por parte de la guerrilla. De aquí que el pedido de las FARC de un cese bilateral al fuego, para continuar con los diálogos, complique la decisión del gobierno de Santos de reabrir el proceso, luego del controvertido secuestro del brigadier general Rubén Alzate. 

Aún no queda claro qué hacía Alzate, casi sin seguridad, en el Chocó, una zona dominada por la guerrilla. Sin embargo, abrir un nuevo expediente de negociación, en este caso por la liberación de Alzate y las dos personas que lo acompañaban, empaña el escenario de un acuerdo de paz a corto plazo.

Apenas en septiembre pasado, Humberto de la Calle, negociador del gobierno colombiano daba a conocer el ‘Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, que incluyó aspectos, como: una política de desarrollo agrario integral, medidas efectivas de participación política,  desarme, erradicación de cultivos ilícitos, reparación de víctimas y mecanismos de ejecución.  

Santos ha exigido a las FARC más hechos y menos palabras y, al momento, no tiene intenciones de volver a la mesa de diálogo. De otra parte, varios miembros de la escuadra progresista colombiana, como Piedad Córdoba, Clara López e Iván Cepeda han insistido en la urgencia de reanudar el proceso de negociación e incluso, las dos primeras, han apelado a un posible cese bilateral de hostilidades con el fin de continuar. 

Las condiciones acompañan para que esta vez los diálogos no se suspendan aun cuando el déjà vu del secuestro ensombrezca la posibilidad de paz. Lo deseable en este escenario es que los países garantes intervengan con sus buenos oficios y los diálogos no vuelvan a archivarse. Desde luego, las FARC y el Gobierno deben procurar medidas de confianza. La oportunidad de lograr la paz es aún histórica y única.

México: síntomas de un Estado al remate

“Me han aconsejado pactar con el crimen organizado”, decía estasemana el gobernador de Morelos, Graco Ramírez.  Estas declaraciones,  ya no sorprenden a nadie, solo evidencian que el único pacto que ha funcionado en México, en los últimos años, ha sido aquel entre el Estado y los carteles del narcotráfico.

Precisamente, el Estado de Morelos ha visto estrecharse cada vez más el vínculo entre el poder político y el poder criminal.  Allí los homicidios dolosos, a 2013 tienen la cifra de 43,99 por cada 100 mil habitantes, solo por debajo del Estado de Guerrero con 69,57 asesinatos. Según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Morelos también tiene el mayor índice de secuestros del país.  

En tales circunstancias de impunidad y normalización de lo aberrante, no asombra que la inteligencia mexicana haya encontrado nexos entre siete diputados de Morelos con grupos del crimen organizado como “Los Rojos”, banda rival de los “Guerreros Unidos”. 

En efecto, la masacre cometida contra los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa por miembros de  los “Guerreros Unidos”, bajo orden del alcalde de Iguala y su esposa, en complicidad con miembros de la fuerza pública, es apenas la punta del iceberg.  México lleva al menos treinta años sin poder hacerle frente al narcotráfico y a su poderosa colonización del Estado.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ofrece un nuevo Pacto, esta vez por la seguridad.  El ‘Pacto por México’ firmado en 2012 por el gobierno federal y los principales partidos: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha permitido aprobar un paquete de reformas de modo hipercupular sin mayor debate e incluso, poniendo contra las cuerdas a los propios senadores. Por ejemplo, la polémica reforma energética abrió la puerta al fracking y se desentendió de la posibilidad de una consulta popular. Simplemente, con tal acuerdo no hacía falta someter el tema a votación.  El Pacto ha terminado por converger a todos hacia el centro –y a la derecha- y desdibujar cualquier voz crítica o radicalmente opuesta.   El Pacto controla el juego político.

La masacre de Ayotzinapa además de reflejar la perversa simbiosis entre el Estado y los poderes fácticos; coloca dos temas en la superficie: por un lado, el déficit de legitimidad de la clase política, debido a su propio anquilosamiento y distanciamiento de la ciudadanía; y por otro,  la continuidad en la discriminación de la agenda rural, y sobre todo, en contra de los normalistas, que históricamente han sido asociados, de manera simplista, al comunismo y a las guerrillas (principalmente al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente –ERPI-).

Desde el mortífero sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, que en 1969 cerró quince de casi treinta escuelas normales rurales, bajo el argumento de ser “nidos comunistas”, hasta las declaraciones de la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Gordillo, que en 2010 las calificó como semilleros de guerrilleros; los normalistas rurales han quedado expuestos a la represión y a la discriminación.  Ahora peor, el Estado no solo los abandona, sino que colude con el crimen organizado para agredirlos y desaparecerlos. 

Ningún pacto ha sido capaz de combatir, desde sus orígenes, los efectos del “capitalismo de cuates” -como ingeniosamente lo llaman los mexicanos-.  El crimen organizado, en efecto, supo aprovechar de este abandono del Estado y amasar fortunas con baños de sangre en los territorios “sin Dios ni ley”.  A su vez, el Estado ha utilizado a las bandas delincuenciales para sus oscuros propósitos políticos. Ambos han ganado.

Así impunemente, en México, el narcotráfico obtiene cada año ganancias de 40 mil millones de dólares –según cifras de 2009, de la empresa de seguridad e inteligencia Kroll-.  Pero no solo México lo padece, de acuerdo a la Oficina de las NacionesUnidas contra la droga y el delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en 2009,la delincuencia organizada transnacional significó el 1,5% del PIB mundial.