México: síntomas de un Estado al remate

“Me han aconsejado pactar con el crimen organizado”, decía estasemana el gobernador de Morelos, Graco Ramírez.  Estas declaraciones,  ya no sorprenden a nadie, solo evidencian que el único pacto que ha funcionado en México, en los últimos años, ha sido aquel entre el Estado y los carteles del narcotráfico.

Precisamente, el Estado de Morelos ha visto estrecharse cada vez más el vínculo entre el poder político y el poder criminal.  Allí los homicidios dolosos, a 2013 tienen la cifra de 43,99 por cada 100 mil habitantes, solo por debajo del Estado de Guerrero con 69,57 asesinatos. Según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Morelos también tiene el mayor índice de secuestros del país.  

En tales circunstancias de impunidad y normalización de lo aberrante, no asombra que la inteligencia mexicana haya encontrado nexos entre siete diputados de Morelos con grupos del crimen organizado como “Los Rojos”, banda rival de los “Guerreros Unidos”. 

En efecto, la masacre cometida contra los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa por miembros de  los “Guerreros Unidos”, bajo orden del alcalde de Iguala y su esposa, en complicidad con miembros de la fuerza pública, es apenas la punta del iceberg.  México lleva al menos treinta años sin poder hacerle frente al narcotráfico y a su poderosa colonización del Estado.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ofrece un nuevo Pacto, esta vez por la seguridad.  El ‘Pacto por México’ firmado en 2012 por el gobierno federal y los principales partidos: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha permitido aprobar un paquete de reformas de modo hipercupular sin mayor debate e incluso, poniendo contra las cuerdas a los propios senadores. Por ejemplo, la polémica reforma energética abrió la puerta al fracking y se desentendió de la posibilidad de una consulta popular. Simplemente, con tal acuerdo no hacía falta someter el tema a votación.  El Pacto ha terminado por converger a todos hacia el centro –y a la derecha- y desdibujar cualquier voz crítica o radicalmente opuesta.   El Pacto controla el juego político.

La masacre de Ayotzinapa además de reflejar la perversa simbiosis entre el Estado y los poderes fácticos; coloca dos temas en la superficie: por un lado, el déficit de legitimidad de la clase política, debido a su propio anquilosamiento y distanciamiento de la ciudadanía; y por otro,  la continuidad en la discriminación de la agenda rural, y sobre todo, en contra de los normalistas, que históricamente han sido asociados, de manera simplista, al comunismo y a las guerrillas (principalmente al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente –ERPI-).

Desde el mortífero sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, que en 1969 cerró quince de casi treinta escuelas normales rurales, bajo el argumento de ser “nidos comunistas”, hasta las declaraciones de la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Gordillo, que en 2010 las calificó como semilleros de guerrilleros; los normalistas rurales han quedado expuestos a la represión y a la discriminación.  Ahora peor, el Estado no solo los abandona, sino que colude con el crimen organizado para agredirlos y desaparecerlos. 

Ningún pacto ha sido capaz de combatir, desde sus orígenes, los efectos del “capitalismo de cuates” -como ingeniosamente lo llaman los mexicanos-.  El crimen organizado, en efecto, supo aprovechar de este abandono del Estado y amasar fortunas con baños de sangre en los territorios “sin Dios ni ley”.  A su vez, el Estado ha utilizado a las bandas delincuenciales para sus oscuros propósitos políticos. Ambos han ganado.

Así impunemente, en México, el narcotráfico obtiene cada año ganancias de 40 mil millones de dólares –según cifras de 2009, de la empresa de seguridad e inteligencia Kroll-.  Pero no solo México lo padece, de acuerdo a la Oficina de las NacionesUnidas contra la droga y el delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en 2009,la delincuencia organizada transnacional significó el 1,5% del PIB mundial.