jueves, 11 de diciembre de 2014

CIA, gobernar desde el lado oscuro

Publicado originalmente en El Telégrafo
Las elecciones de noviembre que dieron la mayoría del Senado a los republicanos -después de haber perdido el control en los últimos ocho años- han sacudido cualquier pretensión de comodidad que hubiese existido en las filas de los demócratas, más aún, al presidente Barack Obama.
Frente aquello, existe la tesis de que los demócratas, a contratiempo para la llegada del período republicano en la Cámara Alta en enero 2015, han traducido los resultados en un giro de timón, con el fin de escalar posiciones frente a la opinión pública y a los ciudadanos. Por un lado, Obama, a través de un decreto, eliminó la amenaza de deportación de cerca de 4,7 millones de indocumentados, y por otro, el Senado ha sacado a la luz el reporte de su Comité de Inteligencia que revela las inhu
manas técnicas de tortura empleadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).
Pero, ¿hasta dónde puede sacrificarse la seguridad nacional con el fin de recuperarse moralmente de una pérdida electoral? La ecuación por sí sola es débil. En efecto, la develación del reporte excede el único objetivo de ganar nuevamente terreno por parte de los demócratas, pues el alto costo ya ha empezado a sentirse: por ahora, el secretario de Defensa, Chuck Hagel, ha ordenado reforzar la seguridad de todas las representaciones -diplomáticas, etc.- de Estados Unidos en el extranjero y las instalaciones estratégicas casa adentro.
No es para menos, el informe revela siniestras técnicas de ‘interrogatorio intensificado’ aplicadas por la CIA tras los ataques del 11 de septiembre, como: ahogamiento simulado, privación del sueño, alimentación rectal, incluso abusos sexuales. La situación empeora si se tiene en cuenta que 26 de los 119 detenidos eran inocentes. Además de tales crueldades, en algunos casos la CIA habría proporcionado jugosos subsidios a los países que permitían mantener prisiones clandestinas, por ejemplo a Polonia y Rumania.
Como el propio Obama lo ha reconocido, no hay momento adecuado para la publicación de un informe de tal calibre. Pero más allá de lo obvio y deleznable, no es descartable intentar comprender este acontecimiento con la falta de legitimidad de la ‘autoridad’ estadounidense en el mundo. Estados Unidos no da puntada sin dedal, menos aún en asuntos que involucran su seguridad nacional, por lo que esta aparente ‘transparencia’ más bien parece dirigirse a recuperar cierta ‘imagen’ hacia afuera, desmarcándose de la era Bush, como si fuera un paréntesis en su historia.
Lejos de que su ‘excepcionalidad moral’ (superioridad moral, capacidad de juzgar la conducta de los demás Estados) se viera debilitada por este destape, Estados Unidos no ha dudado en -acto seguido- imponer sanciones contra Venezuela. Un contrasentido histórico y peor aún de autoridad.
No hay que olvidar que la CIA espió las computadoras de los senadores que investigaban las torturas, así que, probablemente, temían lo que finalmente ha ocurrido. Hay algo más en todo esto: no es la primera vez que se confirman las actuaciones ilegales de la CIA, antes, ya reconoció que estuvo involucrada en el golpe de Estado contra el presidente de Chile, Salvador Allende.
Por último, las revelaciones del Senado sobre las prácticas perversas de la Agencia de Inteligencia recuerdan la tesis de la existencia de ‘dos Estados’, uno público y de rostro democrático, y otro ‘profundo’ paralelo, en el que convergen acciones secretas de los aparatos militares y de inteligencia. Por tanto, ¿se trata esta vez del debilitamiento de las redes de influencia de este ‘Estado oculto’ frente al ‘democrático’ en circunstancias en las que el intervencionismo militar estadounidense parece ya no ser el método?

lunes, 1 de diciembre de 2014

La ‘Casa Blanca’ de Televisa

Publicado originalmente en El Telégrafo aquí

México vive una de las peores crisis políticas y sociales de su historia. La violenta desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en manos del crimen organizado, con la complicidad de la fuerza pública y del gobierno local, terminó por detonar todo el desgaste acumulado, no solo por el poder ejecutivo, sino de aquel legislativo, judicial y hasta del mediático.
Penosamente no se trata solo de Enrique Peña Nieto, del Partido Renovador Institucional (PRI), ni del procurador Murillo Karam. No solo. Las prácticas de corrupción, un sistema político excluyente de años, el pacto con los monopolios de comunicación, entre otros, han terminado por transformarse en un habitus en las estructuras de poder.
El caso de ‘La Casa Blanca’ tiene un poco de varios elementos que por hoy permean el quehacer de la política mexicana. En días pasados varios medios difundieron la noticia de la ‘casa blanca’ de Peña Nieto. Una mansión ubicada en el exclusivo barrio de las Lomas de Chapultepec, valorada en $ 7 millones de dólares. Lejos de apaciguar las aguas, las declaraciones de la esposa del presidente, Angélica Rivera, en las que reveló que se trataba de un inmueble adquirido como producto de su trabajo como actriz de Televisa y que vendería los derechos de compra-venta con el fin de evitar difamaciones en contra de su familia, insufló aún más el descontento social. La casa es propiedad de una filial del Grupo Higa, una empresa con la que Peña Nieto tuvo contratos cuando fue gobernador del Estado de México.
Este complejo de redes revela la profunda ausencia de autonomía del Estado respecto a varios grupos de poder. Los monopolios de la comunicación han sido los grandes ganadores de los gobiernos de turno, independientemente del partido al que pertenezcan. Ni el PRI, menos todavía el Partido Acción Nacional (PAN) han roto las estrechas relaciones con los consorcios.
Televisa no solo está en la ‘casa blanca’, en la política y en el fútbol sino en casi todos los hogares mexicanos, tomando en cuenta, que al menos el 95% de la población cuenta con un televisor. Aquello, permite pensar en ¿cuán responsable son las empresas mediáticas del moldeamiento de la política en México? ¿Cuánto le deben de su permanencia en el poder el PRI y el PAN a Televisa?
No es un secreto que durante la campaña presidencial de 2012, Televisa jugó un importante rol a favor de Peña Nieto y en contra de Manuel López Obrador. Precisamente, el desencanto frente a esta obvia jugada, provocó que varios grupos de universidades públicas y privadas defendieran los derechos a la información, en lo que se conoció como el movimiento #YoSoy132.  
Se conoce además, que a su antecesor Felipe Calderón, Televisa le editaba las entrevistas. Asimismo, pese a la propuesta de abrir un tercer canal para romper con el poder de Televisa y Tv Azteca, Calderón terminó por evadir la decisión. Ni hablar del panista, Vicente Fox, que legisló a favor del duopolio con la emisión la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones, que entre otras cosas, establecieron la renovación inmediata de la concesión de una frecuencia solo por solicitud y sin licitación, y en general, procuraron proteger a los emporios de cualquier regulación del Estado.
Pero, ¿quién reprocha al gobierno de Peña Nieto por coartar la libertad de expresión, limitar el acceso a la información y eludir la transparencia y la rendición de cuentas? ¿Dónde están las ONG, y organismos internacionales que siempre critican a los gobiernos progresistas de América Latina? En efecto, un silencio cómplice se proyecta en el fondo.  
No hay duda que si Ayotzinapa hubiese ocurrido en Ecuador, Venezuela o Argentina, la ley con la que la comunidad internacional y la prensa hubiesen juzgado sería otra. Pero no, el gobierno de Peña Nieto no se ha distanciado de los medios. Televisa y sus pares en el extranjero, pretenden blindar cualquier exceso frente a la opinión pública internacional. Sin embargo, las intensas movilizaciones de los mexicanos, cansados de este modus operandi, de la impunidad frente Ayotzinapa, es un signo, de que casa adentro, los efectos de estas novelescas redes son cada vez más débiles.

viernes, 21 de noviembre de 2014

La paz no pende de un secuestro

Publicado originalmente en El Telégrafo aquí

Las negociaciones de paz no iban a ser fáciles, aun cuando en esta ocasión existen ciertas condiciones que las favorezcan más que en ocasiones anteriores, como: el consenso entre los actores políticos de llegar a un acuerdo, el respaldo regional, el debilitamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la voluntad política del Gobierno, entre otras.
Ya son dos años de relativa continuidad y éxito en la búsqueda de paz, sin tregua militar en el campo de batalla, tal como lo ha condicionado el gobierno del presidente Santos. No obstante, al igual que en ocasiones anteriores, un secuestro amenaza con dilatar, e incluso romper, el proceso.  
A inicios de la década del noventa las conversaciones sostenidas por la administración de César Gaviria con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (integrada por las FARC, el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y el Ejército Popular de Liberación -EPL-) en Caracas, luego en Tlaxcala, se quebraron debido al secuestro del exministro Argelino Durán, quien murió en cautiverio. En 2002, las negociaciones del Caguán, llevadas a cabo por Andrés Pastrana con las FARC, también se frustraron por el plagio del senador Jorge Géchem. Cuatro años de diálogos concluyeron sin acuerdo. 
El corte bilateral de hostilidades no ha ocurrido y ha sido una precondición del gobierno de Santos para sostener las conversaciones con la guerrilla. En negociaciones pasadas, la desmilitarización de ciertas zonas -como las zonas de distensión creadas por Pastrana- derivaron en una reocupación territorial por parte de la guerrilla. De aquí que el pedido de las FARC de un cese bilateral al fuego, para continuar con los diálogos, complique la decisión del gobierno de Santos de reabrir el proceso, luego del controvertido secuestro del brigadier general Rubén Alzate. 
Aún no queda claro qué hacía Alzate, casi sin seguridad, en el Chocó, una zona dominada por la guerrilla. Sin embargo, abrir un nuevo expediente de negociación, en este caso por la liberación de Alzate y las dos personas que lo acompañaban, empaña el escenario de un acuerdo de paz a corto plazo.
Apenas en septiembre pasado, Humberto de la Calle, negociador del gobierno colombiano daba a conocer el ‘Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, que incluyó aspectos, como: una política de desarrollo agrario integral, medidas efectivas de participación política,  desarme, erradicación de cultivos ilícitos, reparación de víctimas y mecanismos de ejecución.  
Santos ha exigido a las FARC más hechos y menos palabras y, al momento, no tiene intenciones de volver a la mesa de diálogo. De otra parte, varios miembros de la escuadra progresista colombiana, como Piedad Córdoba, Clara López e Iván Cepeda han insistido en la urgencia de reanudar el proceso de negociación e incluso, las dos primeras, han apelado a un posible cese bilateral de hostilidades con el fin de continuar. 
Las condiciones acompañan para que esta vez los diálogos no se suspendan aun cuando el déjà vu del secuestro ensombrezca la posibilidad de paz. Lo deseable en este escenario es que los países garantes intervengan con sus buenos oficios y los diálogos no vuelvan a archivarse. Desde luego, las FARC y el Gobierno deben procurar medidas de confianza. La oportunidad de lograr la paz es aún histórica y única.

martes, 18 de noviembre de 2014

México: síntomas de un Estado al remate



“Me han aconsejado pactar con el crimen organizado”, decía estasemana el gobernador de Morelos, Graco Ramírez.  Estas declaraciones,  ya no sorprenden a nadie, solo evidencian que el único pacto que ha funcionado en México, en los últimos años, ha sido aquel entre el Estado y los carteles del narcotráfico.

Precisamente, el Estado de Morelos ha visto estrecharse cada vez más el vínculo entre el poder político y el poder criminal.  Allí los homicidios dolosos, a 2013 tienen la cifra de 43,99 por cada 100 mil habitantes, solo por debajo del Estado de Guerrero con 69,57 asesinatos. Según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Morelos también tiene el mayor índice de secuestros del país.  

En tales circunstancias de impunidad y normalización de lo aberrante, no asombra que la inteligencia mexicana haya encontrado nexos entre siete diputados de Morelos con grupos del crimen organizado como “Los Rojos”, banda rival de los “Guerreros Unidos”. 

En efecto, la masacre cometida contra los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa por miembros de  los “Guerreros Unidos”, bajo orden del alcalde de Iguala y su esposa, en complicidad con miembros de la fuerza pública, es apenas la punta del iceberg.  México lleva al menos treinta años sin poder hacerle frente al narcotráfico y a su poderosa colonización del Estado.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ofrece un nuevo Pacto, esta vez por la seguridad.  El ‘Pacto por México’ firmado en 2012 por el gobierno federal y los principales partidos: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha permitido aprobar un paquete de reformas de modo hipercupular sin mayor debate e incluso, poniendo contra las cuerdas a los propios senadores. Por ejemplo, la polémica reforma energética abrió la puerta al fracking y se desentendió de la posibilidad de una consulta popular. Simplemente, con tal acuerdo no hacía falta someter el tema a votación.  El Pacto ha terminado por converger a todos hacia el centro –y a la derecha- y desdibujar cualquier voz crítica o radicalmente opuesta.   El Pacto controla el juego político.

La masacre de Ayotzinapa además de reflejar la perversa simbiosis entre el Estado y los poderes fácticos; coloca dos temas en la superficie: por un lado, el déficit de legitimidad de la clase política, debido a su propio anquilosamiento y distanciamiento de la ciudadanía; y por otro,  la continuidad en la discriminación de la agenda rural, y sobre todo, en contra de los normalistas, que históricamente han sido asociados, de manera simplista, al comunismo y a las guerrillas (principalmente al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente –ERPI-).

Desde el mortífero sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, que en 1969 cerró quince de casi treinta escuelas normales rurales, bajo el argumento de ser “nidos comunistas”, hasta las declaraciones de la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Gordillo, que en 2010 las calificó como semilleros de guerrilleros; los normalistas rurales han quedado expuestos a la represión y a la discriminación.  Ahora peor, el Estado no solo los abandona, sino que colude con el crimen organizado para agredirlos y desaparecerlos. 

Ningún pacto ha sido capaz de combatir, desde sus orígenes, los efectos del “capitalismo de cuates” -como ingeniosamente lo llaman los mexicanos-.  El crimen organizado, en efecto, supo aprovechar de este abandono del Estado y amasar fortunas con baños de sangre en los territorios “sin Dios ni ley”.  A su vez, el Estado ha utilizado a las bandas delincuenciales para sus oscuros propósitos políticos. Ambos han ganado.

Así impunemente, en México, el narcotráfico obtiene cada año ganancias de 40 mil millones de dólares –según cifras de 2009, de la empresa de seguridad e inteligencia Kroll-.  Pero no solo México lo padece, de acuerdo a la Oficina de las NacionesUnidas contra la droga y el delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en 2009,la delincuencia organizada transnacional significó el 1,5% del PIB mundial.

viernes, 17 de octubre de 2014

Israel, el agotamiento de una tesis de Occidente

Publicado originalmente en El Telégrafo aquí

Netanyahu ya no puede dormir en paz. El agotamiento de las estrategias genocidas de Israel en contra de Palestina es una obviedad para el mundo, y aquello es consecuencia no solo de la propia dinámica con que la operación ‘Margen Protector’ se ha desplegado, sino de otras variables, que demuestran el debilitamiento de la hegemonía de los poderes de Occidente.  
No ha sido casualidad, que en estos últimos días, el nuevo primer ministro sueco Stefan Löfven, de la socialdemocracia, expresara que su país reconocerá a Palestina como Estado, aun cuando eran predecibles las pataletas de Israel. Con el mayor cinismo, el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Avigdor Lieberman, además de “llamar la atención” al embajador sueco en Tel Aviv, agregó que el gesto de Suecia carecía de visión política internacional, casi reclamando por no habérsele consultado antes.
A esto se ha sumado el reconocimiento simbólico -no vinculante- del Estado palestino por parte del Parlamento británico -por iniciativa del Partido Laborista-, que pese a contar con casi la mitad de los legisladores, de los presentes, 274 votaron a favor y 12 en contra. La moción del laborista Grahame Morris, además, fue apoyada por miembros de otros partidos, como el conservador y el liberal-demócrata. El Foreign Office, con la tibieza que le caracteriza para el caso, dijo que se reserva tal reconocimiento cuando lo estime oportuno.   
No obstante, ambas acciones son síntomas claros del desgaste del poder hegemónico de Occidente en el propio Occidente. En efecto, casi el 80% de la población mundial reconoce a Palestina como Estado, pero la mayoría corresponde a los países del Sur Global. Que Suecia -cuna de los estudios de paz- y uno de los países con mayor peso de la Unión Europea (UE) lo haya reconocido modifica notablemente la balanza -per sé asimétrica del conflicto- a favor de Palestina y deslegitima las acciones bélicas de Israel.  
Gran Bretaña tiene más vela en este entierro que Suecia. Palestina vivió bajo ocupación inglesa desde 1917 hasta 1947. Gran Bretaña provocó, en gran medida, el conflicto con la declaración realizada por el ministro de Asuntos Exteriores, Arthur James Balfour, dirigida al líder sionista Edmond James Rothschild, en la que ofrecía: crear un Estado Árabe Independiente y un “Hogar Nacional Judío”. 
Aquello, alentó el éxodo de miles de judíos a lo que era Palestina hasta antes de la llegada de los nazis al poder.  
Por tanto, aun cuando el reconocimiento del Parlamento no sea vinculante, demuestra una creciente masa crítica frente a la desigualdad e injusticia que existe en el conflicto-más bien invasión-, que golpea las puertas de quienes dirigen la política exterior. No son más solo activistas u ONG, sino actores que cuentan con legitimidad democrática, por lo que su posición ejerce una mayor presión en la opinión pública local y mundial, y al mismo tiempo, en el tablero de la política real. 
Si bien lo que sucede con respecto a Palestina -con el incremento de acciones desde varios países y organismos internacionales, así como de la opinión pública a su favor- retrata con nitidez, el desgaste de la política exterior de Israel y la ilegalidad de sus medidas; también, refleja la debilidad de Estados Unidos en sostener su unilateral modus operandi -aquel que le permitió burlar a la ONU y a algunos de sus aliados para invadir Irak en 2003-, y en mantener el consenso entre sus aliados -activos y pasivos- y en la esfera pública. 
Estados Unidos ya no es el actor incontestable, y no solo Rusia y China han comenzado a jugar como sus principales contrapesos, sino otros actores estatales y no estatales que moldean las relaciones internacionales, como parlamentos, activistas y medios de comunicación alternativos -o por fuera del mainstream, que han cobrado fuerza para desajustar el monopolio decisional norteamericano / noratlántico, más allá de lo retórico.

miércoles, 8 de octubre de 2014

Ley de comunicación, una tarea pendiente del gobierno brasileño

Publicado originalmente en El Telégrafo aquí


La iniciativa aún no ha caminado desde el ejecutivo. La presidenta Dilma Rousseff y Lula da Silva se han enfrentado a una campaña de desprestigio. 

Ley de comunicación, una tarea pendiente del gobierno brasileño
Valeria Puga Álvarez, especial para EL TELÉGRAFO
La mayoría de medios de comunicación de América Latina, así como aquellos internacionales de gran audiencia en la región –por ejemplo, CNN-, es propiedad privada.  La existencia de medios públicos y medios comunitarios es aún marginal y he aquí una de las grandes batallas de la región: democratizar la comunicación.
A diferencia de los gobiernos de Venezuela, Argentina y Ecuador que han aprobado nuevos marcos normativos para la regulación de los medios de comunicación (Ley Resorte, 2004; Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 2009; Ley Orgánica de Comunicación, 2013); los gobiernos petistas de Lula da Silva (2003-2011) y Dilma Rousseff, todavía han dejado la tarea en el tintero, a menudo, han dicho, por la falta de una mayoría parlamentaria.
Brasil registra una de las mayores concentraciones de propiedad mediática del mundo con seis oligopolios: Marinho (O Globo), Frias (Folha), Civita (Abril), Sirotsky (RBS), Mesquita (Estado) y Bandeira de Melo (Associados).  La red O Globo trabaja de la mano con el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (Ibope, con filiales en la mayoría de América Latina) y el grupo Folha cuenta con su propia encuestadora el Datafolha, con lo que el dominio de la opinión pública es casi absoluto. Se añade, que más de 150 legisladores son propietarios de un medio de comunicación.
El caso de la red O Globo merece todo un capítulo aparte. Este oligopolio nació y creció al amparo de los más de 20 años que duró el período de dictadura. En abril de este año, se desclasificó un telegrama que revelaba cómo Roberto Marinho propietario de lo que entonces se denominaba ‘Organizaciones Globo’ mantuvo una conversación con el embajador de Estados Unidos en Brasil, Lincoln Gordon, sobre su “silencioso trabajo” para definir la prorrogación o renovación del mandato del dictador Castelo Branco. El documental ‘Más allá del Ciudadano Kane’ (Muito Além do Cidadão Kane) del inglés Simon Hartog, recogió en gran medida, el rol de O Globo en la dictadura y su relación con el sistema político. Desde luego, O Globo nunca permitió su estreno.

No extraña, por tanto, que desde que el Partido de los Trabajadores (PT) apareció en la escena política en la década del 80, las empresas mediáticas hayan convenido en deslegitimarlo. Como dato, cuando se creó el Foro de Sao Paulo (espacio de encuentro de partidos de izquierda de América Latina) en el 90, la prensa conservadora brasileña lo acusó de albergar a organizaciones terroristas y subversivas, sobre todo, por la participación y protagonismo del Partido Comunista Cubano y de Fidel Castro como uno de sus promotores.
Frente a esta incesante campaña de deslegitimación y desprestigio se han enfrentado, tanto Lula Da Silva, como la presidenta y candidata Dilma Rousseff. Ha sido dramático como Rousseff ha soportado cuestionamientos permanentes, en base a un “periodicazo” del Folha de Sao Paulo sobre una supuesta operación dolosa de Petrobras, cuando fue presidenta del Consejo de la empresa. La red O Globo se ha encargado de repetirlo, a modo de “juez”.
Oligopolios mediáticos aún sin ley
En 2009, el gobierno de Lula da Silva abolió la Ley de Prensa de 1967. Aquel corpus jurídico, aprobado en la dictadura, legalizaba ampliamente la censura, por lo que era criticado tanto por el oficialismo como por la oposición. Con la abolición, el marco normativo para los medios de comunicación se redujo a los códigos Civil y Penal y al Código Brasileño de Telecomunicaciones de 1962, ya caduco por definición. Desde luego, la Constitución carioca, también se refiere en varios artículos (5, 54, 221, 223, etc.) a los principios que deben regular la comunicación, pero no es suficiente.
A finales del último período del gobierno de Lula da Silva, se creó un grupo de trabajo encabezado por el entonces secretario de Comunicación Social, Franklin Martins, para elaborar un proyecto de ley de medios. Martins viajó por varios países de Europa para conocer algunos ejemplos de regulación y tomó nota de los casos de Argentina y Ecuador (en 2010 aún en proyecto).  
Lamentablemente, aún esta iniciativa no ha caminado desde el ejecutivo. La Central Única de los Trabajadores (brazo sindical del PT) ha tratado de sostener el tema en el debate público, junto con el Foro Nacional para la Democratización de la Comunicación y de la Campaña para Expresar la Libertad, que han entregado a Dilma y a otros candidatos su proyecto de Ley Democrática de Medios.
La presidenta y candidata, Dilma Rousseff, ha ofrecido que la regulación económica de los medios de comunicación,  será uno de los temas de trabajo para su segundo mandato, con el fin de combatir las formas oligopólicas de propiedad mediática y garantizar una mayor pluralidad de voces.  
Tanto los sectores de la sociedad civil como los sectores políticos reconocen que la batalla no será fácil. Disputar la hegemonía de los mayores oligopolios mediáticos de la región, claramente, convierte a este debate en un tema de alcance latinoamericano.

miércoles, 3 de septiembre de 2014

XX Foro de Sao Paulo, el balance de las izquierdas

Publicado originalmente en El Telégrafo aquí

La declaración del debate destaca la lucha de los sectores de izquierda contra la exclusión social en América Latina.

Representantes de varias agrupaciones políticas y sociales participaron en el Foro de Sao Paulo. Foto: Tomado de ABI
Representantes de varias agrupaciones políticas y sociales participaron en el Foro de Sao Paulo. Foto: Tomado de ABI
Valeria Puga Álvarez, especial para EL TELÉGRAFO
Dentro de las relaciones internacionales, han sido pocos los espacios de encuentro entre los partidos políticos. Los referentes más visibles de estas redes interpartidarias han sido la I, II, III y IV Internacional, que -con sus particularidades históricas, políticas y doctrinarias- procuraron promover una agenda obrera, socialista y comunista, y de algún modo, expandir la revolución más allá de la Unión Soviética. Marx, Lenin y Trotsky fueron en su momento los principales promotores de la necesidad de una unión de partidos a nivel internacional en contra del capitalismo.
América Latina se insertó tardíamente en estas organizaciones a mediados del siglo XX, sobre todo, con ciertas relaciones periféricas con la IV Internacional. En el marco de esta ausencia de arenas de interlocución de fuerzas políticas en la región, se creó el Foro de Sao Paulo en 1990, por iniciativa del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) y del Partido Comunista de Cuba (PCC). La caída del muro de Berlín  convocaba a que las organizaciones políticas de izquierda -en sus distintas formas- establecieran un debate y una agenda frente al avance del neoliberalismo.
Como bien lo recogió la declaración final de este XX Foro de Sao Paulo: hace casi veinticinco años “un solo país de la región estaba gobernado por un partido perteneciente al Foro, y hoy son más de diez”. Si bien aquello ha significado un triunfo de la izquierda en la región como necesidad política para la reconducción de los pueblos frente al avance del neoliberalismo, los golpes institucionales de Honduras y Paraguay han sido experiencias traumáticas para la irreversibilidad de lo alcanzado.
Ambos golpes han significado un signo de aliento para la derecha desestabilizadora. Asimismo, las ‘guarimbas’ en Venezuela pretenden no solo derrocar ilegítimamente al gobierno de Nicolás Maduro, sino destrozar todo el proceso de integración, del que el comandante Hugo Chávez fue artífice. El éxito de estas estrategias subversivas motivaría una rearticulación agresiva de las derechas locales y transnacionales con el fin de terminar con los gobiernos de izquierda.
Fue claro en este Foro que ninguno de nuestros países está libre del garroterismo y del golpismo. Es más, resulta evidente que América Latina atraviesa un momento de disputa. Por un lado, a nivel doméstico, las conquistas obtenidas durante casi diez años -años más, años menos- se enfrentan a una reinvención de una derecha vieja y desgastada a una ‘fresca’ y ‘moderna’. Y por otro, a nivel regional, los procesos de integración se juegan su institucionalización -Unasur, Celac y Alba-, su reestructuración/reforma -OEA, CAN-, su ampliación y reconducción -Mercosur-. Especial mención merece la necesidad de ponerle fin al conflicto entre Chile y Bolivia por una salida al mar de este último.
De común acuerdo, la Alianza del Pacífico significa uno de los mayores peligros para la integración regional por restaurar los principios conservadores y antisoberanos del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), derrotada en la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata en 2005.  
Peor amenaza es la Unión de Organizaciones Democráticas de América -UnoAmérica-, nacida en 2008 con el fin de contrarrestar a los gobiernos progresistas de la región y al propio Foro de Sao Paulo. La UnoAmérica ha denunciado ampliamente los procesos refundacionales de Venezuela, Ecuador y Bolivia y ha apoyado los golpes de Estado de Honduras y Paraguay.
Lo que el presidente Rafael Correa ha denominado como “la restauración conservadora” -entendida en términos políticos como esa voluntad de “no querer cambiar las cosas”- implica no solo la recomposición de la derecha sino su rearme político, discursivo y comunicacional.
Frente a la hegemonía de la izquierda y a los fuertes liderazgos -como los de Correa, Rousseff, Morales, etc.-, la derecha no ha tenido sino que reinventarse tomando aquello como punto de partida. De cara a la ciudadanía, prefiere ubicarse en el centro que confesar su vocación de derecha.
Las coyunturas electorales de Bolivia y de Brasil en octubre de este año, así como las causas que lleva Ecuador en contra de la transnacional Chevron -por daños en la Amazonía durante casi 20 años- y de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) recibieron un amplio apoyo por parte de los delegados y se incluyeron en la Declaración Final. El respaldo al Gobierno argentino en su juicio frente a los ‘fondos buitre’ tampoco quedó fuera.  Por último y al unísono, el Foro se pronunció a favor de Palestina.
La agenda de desafíos es tan amplia como la de los logros obtenidos. Ante eso, es necesario que las fuerzas de izquierda que integran el Foro de Sao Paulo se desplacen de lo declarativo al establecimiento de una hoja de ruta de esa agenda común, que incluya grupos de trabajo sobre temas específicos y que puedan incluir acciones que fortalezcan la integración regional y los proyectos nacionales.
Como destacó el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en su discurso de inauguración, es necesario sumar a Lenin y a Gramsci. A Lenin porque fue claro en decir que al adversario hay que derrotarlo y a Gramsci porque entendió que había que incorporarlo en tanto adversario derrotado.

jueves, 21 de agosto de 2014

La arremetida mediática contra Palestina

Publicada originalmente en El Telégrafo aquí


La asimetría del conflicto Palestina-Israel no solo está en que los israelíes reciben el respaldo incondicional de la potencia mundial, Estados Unidos, y de algunos otros países occidentales -como Francia- frente a una débil comunidad internacional; además, la cobertura del conflicto reposa ampliamente en un sesgo informativo a favor de Israel.
En Estados Unidos, las narrativas de los medios de comunicación tradicionales -prensa, radio y televisión- son un caso patético de apología del delito con grandes titulares. Entrevistadores, columnistas, reporteros no han hecho sino justificar las acciones de Israel en contra de Palestina, situando la matriz de opinión: Israel ‘reacciona’ contra  los ataques ‘terroristas’ de Hamás.
Por un lado, existe una fuerte presión de ciertos grupos judío-americanos que apoyan las acciones bélicas del primer ministro Benjamín Netanyahu y que procuran a través de movilizaciones y plantones que la cobertura mediática favorezca a la postura de Israel. En esto, el trabajo del lobby proisraelí -sobre todo del Comité Americano-Israelí de Asuntos Públicos (Aipac, por sus siglas en inglés)- ha sido clave. Un reportero cuya nota informativa pliegue a una versión menos favorecedora de Israel puede recibir hasta seis mil correos al día pidiendo que rectifique su versión.
Por otro lado, más allá de las presiones externas, las líneas editoriales de la mayoría de los medios de comunicación norteamericanos está en sincronía con las directrices de la política exterior de Estados Unidos, en este caso bajo el falso pretexto de que Israel es la ‘única democracia’ de Medio Oriente.
Algunos ejemplos concretos.  Según un breve estudio de Pundit Fact realizado durante las primeras semanas de la operación ‘Margen Protector’, la CNN habría entrevistado al menos a 17 oficiales israelíes y solamente a un oficial palestino. Algo peor, Michael Oren, embajador de Israel en Estados Unidos 2009-2013; se habría convertido en enero de este año en analista de temas de Medio Oriente de la CNN.
En la cadena de ultraderecha, Fox News, los pocos entrevistados palestinos pueden ser callados enérgicamente al aire, si se niegan a reconocer que Hamás es un grupo terrorista.  Simultáneamente, las declaraciones de varios funcionarios israelíes se repiten en las pantallas, como aquella que hiciera Danny Danon, del partido de Netanyahu, el Likud: “Yo quiero la mayor parte del territorio con la mínima cantidad de palestinos”.  
Ventajosamente, internet y las redes sociales han posibilitado otras versiones de los acontecimientos que exceden a las narrativas de los medios oficiales y aquello explica que haya un leve cambio en la opinión pública en Estados Unidos a nivel generacional. De acuerdo con el Centro para el Pueblo y la Prensa Pew Research, la simpatía que genera Israel es mayor en el umbral de los 65 años con un 60% y apenas un 9% a favor de Palestina; estas cifras cambian en el grupo etario de 18 a 29 años, en el que un 44% apoya a Israel y un 22% a Palestina.
Esto demuestra un leve fracaso en los dogmas informativos y, sobre todo, ubica a los medios de comunicación tradicionales como los parcialmente derrotados. Es penoso, pero cada vez se les cree menos.

jueves, 31 de julio de 2014

El peligroso consenso de Netanyahu

Publicado originalmente en El Telégrafo aquí


Las fronteras ideológicas parecen destinadas a evaporarse.  El ejercicio político ha tendido a desplazarse de la postura doctrinaria a la alianza oportunista y al  desespero coyuntural. Un enemigo común, una guerra, un conflicto determinan las posiciones de los actores y permiten sostener ciertos consensos, incluso, entre los extremos del espectro ideológico. Israel es un dramático ejemplo.
El video que se hizo viral en estos días, en el que se observa a un grupo de judío-israelíes festejando el asesinato de niños palestinos, con fraseos racistas y de incitación al odio, apenas muestra una parte -quizá la más agresiva- del consenso en la política doméstica y en la opinión pública, que ha logrado el primer ministro Benjamín Netanyahu.
Líderes y militantes de alas tradicionalmente opuestas a Netanyahu, como Isaac Herzog del Partido Laborista, se han decantado por la apuesta bélica. Herzog decía al Washington Post: “Hay un consenso nacional sobre este esfuerzo y esta operación, especialmente en la erradicación de los túneles que Hamás ha construido para tratar de infiltrarse en Israel”.
La operación ‘Margen Protector’ ha sido ampliamente condenada por la comunidad internacional (ONU, Mercosur, etc.) -con salvedades más, salvedades menos-, y de modo ambiguo, hasta por el propio Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, John Kerry, ha apelado al cese al fuego.  
No obstante, tal parece que, en la política doméstica, Netanyahu cuenta con un amplio apoyo de los israelíes. La opinión pública internacional sensibilizada -aunque impotente, contrasta con el aplauso de los israelíes. Los cerca de 1.200 palestinos muertos no han sido suficientes para el hambre del nacionalismo sionista.
Los datos de varias encuestas espeluznan e inducen a pensar que el conflicto, lejos de resolverse, seguirá incrementándose por los réditos políticos que implica casa adentro. Según el Sarid Institute, el 87% de los judíos-israelíes aprueba la continuidad de las operaciones en Gaza. El Israel Democracy Institute, por su parte, devela que un 95% considera como justa la operación y, por último, un informe de la Universidad de Haifa señala que el 85% de los judío-israelíes está entre satisfecho y muy satisfecho con el liderazgo de Netanyahu.
Cuando se analizan estos datos, no se puede dejar de pensar en el factor de la campaña mediática viciosa, que malinforma, induce y moviliza a la opinión pública a sostener erradamente causas, incluso las más genocidas.
En efecto, la ‘percepción del miedo’ esta vez ha sido mayor. El argumento de que mientras exista Hamás los israelíes no estarán en paz ha dado sus frutos. Netanyahu ha logrado convencer a su gente de que su ofensiva se justifica por el lanzamiento de cohetes de Hamás y la construcción de túneles para atacar Israel.
Por desgracia, a nivel internacional se sabe: Israel no extermina a los miembros de Hamás, sino a los palestinos, donde sea.  Las cosas por su nombre, un genocidio jamás se podrá justificar.  
Palestina no es un asunto de Medio Oriente, es un problema mundial. Si Netanyahu no tiene presión desde sus comandados para ponerle fin al bombardeo a Gaza, el empuje desde afuera será la única vía que ayude a retirar las armas invasoras de suelo palestino.

sábado, 26 de julio de 2014

Lobby proisraelí: clave de la invasión a Palestina

Publicado originalmente en El Telégrafo aquí
Reproducido por Librered.net aquí

Cada año, Israel recibe de Estados Unidos (EUA) entre $ 3 mil a $ 5 mil millones, lo que significa que a cada israelí se le destinan alrededor de $ 500 anuales. Israel bien puede emplear esos recursos en la invasión a Palestina a través de la construcción de asentamientos, como en la ejecución de programas de política pública. EUA no le pedirá cuentas.
Pero, ¿cómo explicar el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel? El desbordante respaldo del país norteamericano a Israel excede cualquier explicación puramente racional, en la que el “interés nacional” se construye por intereses geoestratégicos o identidades compartidas (sistema democrático, libertades, etc.). Gran parte de la política exterior estadounidense se ha constituido a partir de la dinámica política doméstica, en la que los lobbies -o grupos de presión- han tenido una amplia influencia.
La existencia de los lobbies en Estados Unidos es legal, en tanto se registren en el Departamento de Justicia, tal como lo estipula el Acta de Registro de Agentes Extranjeros aprobada en 1938. Más de 100 países estarían representados a través de firmas de cabildeo ante la Casa Blanca, el Congreso y el Gobierno Federal.
El lobby proisraelí es uno de los más fuertes en el escenario político norteamericano. El Comité Americano-Israelí de Asuntos Públicos (Aipac, por sus siglas en inglés) -antes Comité Americano-Sionista de Asuntos Públicos- es el mayor representante. Ningún político estadounidense ha podido prescindir del apoyo del Aipac para lograr ganar las elecciones o cualquier puesto en el gobierno. Se sabe que el Aipac tiene cientos de dossiers sobre cada figura política norteamericana -que incluye datos sobre su familia, sus hobbies, su votación, etc.- clasificados de acuerdo a su grado de afinidad con Israel. Obama no ha podido escapar de esta prerrogativa.
Una de las primeras acciones del Aipac, cuando alguien acaba de llegar al poder, es brindarle una cena de cortesía, así como expresar su completa predisposición a asesorarlo en asuntos de Medio Oriente. Mientras más afín es un político al Aipac, más beneficios recibirá.
Pero no solo estas prácticas para institucionales logran tener efecto inmediato en la política exterior estadounidense; los propios lazos entre judío-americanos e israelíes han provocado que, en las altas esferas del poder, unos a otros se consulten, generando cierta simbiosis en la conducta de ambos Estados.
Estos grupos de presión no solo pretenden dirigirse al mundo político de los congresistas, gobernadores, secretarios, entre otros, sino a la opinión pública a través del uso estratégico de los medios de comunicación. Más allá, muchos de estos -de alcance mundial- son controlados por judío-americanos como: Gerald Levin (Warner), Edgar Bronfman (Universal Studios) y otros más. Esto ha contribuido a mantener a raya cualquier foco de protesta o crítica. Asimismo, las prácticas de acoso a periodistas y medios para que su cobertura favorezca a Israel son parte de la cotidianidad.
No obstante, la creciente masa crítica a nivel internacional y la nueva dinámica de flujo de contenidos y de información han permitido que el control de la opinión pública global sea erosionada y miles de ciudadanos alrededor del mundo se movilicen por la causa palestina. En eso hay una leve derrota para el lobby.
El apoyo de Estados Unidos a Israel no solo que ha entorpecido la solución del conflicto con Palestina, sino que ha deteriorado más sus relaciones con los países árabes, convirtiendo al Medio Oriente en la región más inestable del mundo.
El terrorismo es uno de los síntomas más visibles de esta asimétrica dinámica y mientras Estados Unidos continúe colaborando con Israel, este persistirá en arrinconar a los palestinos alejando cualquier posibilidad de paz.

lunes, 21 de julio de 2014

ONU-tilidad: resoluciones y otros fracasos diplomáticos

Publicado originalmente en Gkillcity aquí

La irresponsabilidad internacional en el conflicto palestino – israelí

Lo que sucede en Palestina excede a cualquier explicación simple de situar a Israel como la contraparte y nada más. No es tampoco la sola confrontación entre dos visiones étnico–religiosas, ni de dos nacionalismos.  Para comprender lo que acontece ahora en Gaza –el ataque incesante israelí por aire y tierra– es necesario ampliar el mapa de actores hacia un escenario regional–internacional. 

Palestina estuvo ocupada por el Imperio Otomano hasta antes del fin de la Primera Guerra Mundial. Desde 1917, con el triunfo británico sobre los turcos, pasó a ser administrada por el Reino Unido -por mandato de la Sociedad de Naciones-, que previamente, se había repartido el Oriente Próximo con Francia. Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos hicieron dos promesas: crear un Estado Árabe Independiente y un “Hogar Nacional Judío”, ésta última, a través de la Declaración realizada por el ministro de asuntos exteriores Arthur James Balfour, dirigida al líder sionista Edmond James Rothschild. 

Gran parte de la población judía habitaba Europa, pero de un extremo a otro del continente las diferencias en las condiciones de vida eran notorias. Los que se encontraban en Europa Oriental vivían en una situación precaria y a menudo eran oprimidos, en cambio, los que estaban del lado Occidental podían fácilmente llegar a amasar grandes fortunas. Desde finales del siglo XIX, el sionismo político del  activista austrohúngaro Theodor Herzl, que proponía el restablecimiento de un Estado judío en Israel, tenía adeptos, sobre todo en Europa Oriental, y algunos entusiastas entre los poderosos del otro lado, uno de ellos fue Rothschild. 

Dos razones motivaron a Gran Bretaña a apostar por la causa sionista: continuar teniendo el apoyo de Rusia durante la guerra, a través de la influencia de los ruso-judíos, y cierta compatibilidad entre su doctrina protestante y los ideales del sionismo que proclamaba el regreso de los judíos a Tierra Santa. Sin el apoyo británico, los judíos difícilmente hubiesen logrado tener un Estado.

Entre 1918 y 1938, el número de judíos –que no pasaba del diez por ciento de la población en Palestina– había llegado a casi el cincuenta por ciento: eran cuatrocientos sesenta mil, frente a más de un millón de árabes. Desde el arribo de los judíos a Palestina, los enfrentamientos no cesaron. Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, se produjo la primera guerra, de 1936 a 1939. Allí, el poder británico se impuso una vez más, allanando el camino para la proclamación del Estado de Israel.

Con el régimen nazi ya en el poder y en plena campaña antisemita, Gran Bretaña se vio obligada a retroceder en su respaldo al sionismo, reduciendo los flujos de judíos a tierra palestina. Para los sionistas radicales, este gesto de los británicos significó una traición a la promesa de devolverles su “Hogar” y no dudaron en sublevarse y optar por la vía del terrorismo, empujando a que Gran Bretaña intente deshacerse del conflicto.
El judeicidio perpetrado por los nazis movilizó la opinión pública y a la comunidad internacional a favor de la creación de un Estado israelí, eclipsando casi por completo la necesaria existencia de un Estado árabe-palestino independiente y soberano. 
La ONU en el conflicto: ¿peor el remedio que la enfermedad?
En 1947, el mandato británico pasó a manos de la recientemente creada Organización de las Naciones Unidas (ONU). La ONU sin el mínimo cálculo geopolítico emitió la Resolución 181 sobre el “Futuro Gobierno de Palestina” en el que se planteó un Plan de Partición con las siguientes coordenadas: a los árabes–palestinos que representaban el 65% de la población total les asignaron el cuarenta y cinco por ciento del territorio: con regiones al noroeste, la Franja de Gaza y una zona limítrofe con Egipto; a los judíos que eran el 35% les otorgaron el cincuenta y cinco por ciento restante. Jerusalén sería administrada por la ONU a través de un Régimen Internacional Especial. En adelante, sería la historia del fracaso de la ONU.
Con la injusta y arbitraria repartición del territorio para los palestinos, la explosión de la guerra era cuestión de días. Frente a las protestas de los palestinos, la respuesta fue la masacre de Deir Yassin, en la que más de cien palestinos murieron a manos del terrorismo sionista. Al abandono del mundo, los palestinos se refugiaron en otros países árabes como Siria, Líbano y Jordania y en los territorios internos como la franja de Gaza y Cisjordania.
El 14 de mayo de 1948 antes de la retirada total de los británicos, David Ben Gurión, precursor del sionismo y primer ministro israelí hasta 1953, declaró la independencia del Estado de Israel. La Nakba, la catástrofe para los palestinos, había comenzado. En ese mismo año, comenzó la Guerra Árabe–Israelí en la que los judíos ocuparon militarmente el 78% del territorio palestino violando la de por sí injusta partición de la ONU. Con la suspensión de agresiones en 1949, Cisjordania fue anexada por Jordania y la Franja de Gaza por los egipcios. Setecientos mil palestinos fueron expulsados, de su propio territorio, por los judíos durante esta guerra.
Israel se había erigido sobre una particular convergencia entre el nacionalismo extremo del sionismo y el neocolonialismo de Gran Bretaña y Estados Unidos. Primero Gran Bretaña y luego la ONU, se habían encargado de darle un privilegio internacional a la demanda sionista por encima de cualquier otra, configurando un escenario de conflicto asimétrico, cuyo punto de partida es el reconocimiento del Estado de Israel y no del Estado Palestino.  El primero cuenta con apoyo de las grandes potencias occidentales y el otro, con pocos aliados árabes, inmovilizados, por la unilateralidad de las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU.
A la Guerra Árabe–Israelí, le siguieron guerras, operaciones militares y dos Intifadas (resistencias palestinas), la de 1987 a 1993 y la de 2000 a 2005.  La Guerra de los Seis Días de 1967 es una de las más importantes para comprender el conflicto. Durante aquel desate de violencia, Israel se apoderó de la meseta fronteriza de los Altos del Golán de Siria, se anexó Jerusalén oriental, ocupó Cisjordania de Jordania, la Franja de Gaza, y el Sinaí de Egipto. Israel terminó por imponerse entre sus vecinos. El fracaso del contraataque de Egipto y Siria en la Guerra del Yom Kipur de 1973, aniquiló las esperanzas de los palestinos de volver a sus territorios con ayuda de sus vecinos. 
La Resolución 242, de 1967 del Consejo de Seguridad de la ONU, insistía en el retiro de las fuerzas armadas israelíes de los territorios anexados en la Guerra de los Seis Días.  La resolución, como muchas, no tuvo ningún éxito. Once años más tarde, en 1978 con la mediación del presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, se firmaron los acuerdos de Camp David que establecieron la paz entre Egipto e Israel con la retirada israelí de los territorios egipcios del Sinaí.
Las principales bases militares palestinas aún se encontraban en el Líbano al norte del territorio. En 1982 los israelíes invadieron el Líbano y con sus aliados libaneses de extrema derecha masacraron a cientos de palestinos refugiados, frente a una impávida comunidad internacional. La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) nacida en 1964 con el apoyo de la Liga Árabe y considerada desde 1974 como única representante de los palestinos, fue expulsada a Túnez. El líder palestino Yasser Arafat poco podía hacer desde ahí. La vigilancia y los asentamientos judíos en zonas palestinas cercaba a casi un millón de palestinos. En adelante, este sería unos de los principales métodos del warfare israelí.
El terrorismo de ambos lados fue in crescendo. Yasser Arafat optó por la vía diplomática que tuvo su mayor éxito con los Acuerdos de Oslo en 1992, bajo la mediación, una vez más, de Estados Unidos. Mediante esta declaración de principios se promovió la creación de un gobierno palestino autónomo provisional para administrar los territorios ocupados por Israel. Los temas más graves como Jerusalén, la demarcación de límites, así como los asentamientos que habían quedado para el final. Nunca Israel y Palestina estuvieron tan cerca de la paz, sobre todo, por la voluntad política de los líderes de ambas partes: Yasser Arafat (Palestina) e Isaac Rabin, primer ministro israelí.  No obstante, grupos terroristas de Palestina e Israel se encargaron de echar por tierra cualquier intento.  El asesinato del primer ministro israelí Isaac Rabin, por un estudiante judío de extrema derecha, visibilizó la imposibilidad de la política israelí de abrir el espacio de negociación hacia cierta igualdad de condiciones con los palestinos.
Con la Hoja de Ruta para la Paz de 2003, elaborada por Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y la ONU, se sentaron algunas bases para el fin del conflicto hasta 2005,  aquello incluía: fin del terrorismo, retirada de las fuerzas israelíes de los territorios ocupados y el cese de las políticas de asentamiento. Otro proceso de paz fracasado. Ahora, por el contrario, se avizora una tercera Intifada, una escalada del conflicto que aleja a Israel y Palestina de cualquier negociación eficaz.
Muy poco ha logrado la comunidad internacional y la ONU –que en la práctica terminó por hacer estallar las hostilidades– en la búsqueda del fin del conflicto. Ninguna de sus resoluciones, ni las de la Asamblea General (AG), ni aquellas del Consejo de Seguridad (CS) han tenido efecto. Por citar algunas: la 446 (CS) sobre la ilegitimidad de los asentamientos israelíes en territorio palestino y la 478 (CS) que rechaza la ley del parlamento israelí que proclama a Jerusalén como capital de Israel, han tenido un efecto nulo gracias al respaldo de Estados Unidos.
La expansión de Israel ha dependido de la subvención y de cierto parasitismo de otro país. Los sionistas por sí solos hubiesen sido borrados de un plumazo por los palestinos pero Estados Unidos, la mayor potencia mundial, hasta ahora, ha sostenido a Israel militar y económicamente.  Justamente, en estos días el Senado estadounidense decidió aumentar el presupuesto para financiar el Escudo de Acero en Israel cuyo monto ascendió a trescientos cincuentaiún millones de dólares.  Este es apenas una parte de todo el aporte que el país norteamericano destina al Estado judío. Anualmente el promedio de ayuda oscila entre tres mil y cinco mil millones de dólares, cuyo sesenta por ciento corresponde al rubro militar.
El apoyo de Estados Unidos no se fundamenta en cuestiones normativas como la supuesta vigencia de la democracia en Israel, sino en intereses geoestratégicos y la propia influencia del lobby judío en la política exterior norteamericana. La comunidad judía en ese país es quizá de las más poderosas del mundo, sus familias son propietarias de bancos, medios de comunicación y una variedad de empresas, lo que las coloca en una posición privilegiada en el proceso de toma de decisiones. Aquello plasma a la perfección eso de un Estado dentro de otro Estado.
La asimetría del conflicto se ha vuelto cada vez mayor y reflejo de ello es que el mapa de los palestinos se haya reducido a Cisjordania y a la Franja de Gaza, con asentamientos judíos al acecho y muros construidos por doquier. Una de las cárceles a cielo abierto más grandes del mundo.
Con certeza, la solución no vendrá ni de la ONU ni de la voluntad per sé de las partes, sino de la configuración de fuerzas de la región árabe, que en algún punto –quizá por el petróleo– obliguen a Estados Unidos a reducir su apoyo a Israel y por tanto, a negociar con los palestinos. La paz no es asunto de declaraciones sino de juegos políticos concretos en la mesa.