Publicado originalmente en El Telégrafo aquí
Hace cuatro años, cuando Juan Manuel Santos representaba al Partido de la U (Partido de la Unidad Social) y, sobre todo al legado uribista, fue uno de los candidatos a la presidencia de Colombia que más votos había obtenido en los últimos 50 años; más de 9 millones en la segunda vuelta.
Frente a la aplastante victoria de 2010, el contraste con los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales pasadas, en la que Santos obtuvo un 25,68% debajo del 29,26% del candidato del uribismo Óscar Zuluaga, no deja de ser leído como una sorpresiva derrota. Históricamente, en América Latina, la figura del presidente-candidato muy pocas veces ha perdido.
Pero si bien Santos desciende en esta primera ronda, la votación a favor de Zuluaga tampoco puede ser interpretada como una victoria rotunda. Varias cuestiones que desempañar. El alto abstencionismo del 60% no solo puede ser explicado como una simple desafección política, sino como un voto castigo frente a la clara desvinculación que persiste entre el proceso de paz y la necesidad de un nuevo pacto social.
La campaña estuvo dominada por las posturas en torno a las negociaciones de paz del Gobierno con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Santos apoya un proceso de negociación, mientras que Zuluaga se ha pronunciado por una suspensión temporal de los diálogos y de continuar, sería “sin condiciones” de las FARC.
En retrospectiva: Santos ganó en 2010 por ser el heredero del uribismo, pero en su gestión y principalmente, en los procesos de negociación, tomó distancia del proyecto que lo había llevado al poder. La aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras provocó -además de las críticas de las FARC- que la derecha y la ultraderecha le quitaran su apoyo. Este corpus legal aprobado en junio de 2011, con el amén de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha sido considerado uno de los más ambiciosos del mundo dentro de su ámbito, entre lo más importante implica: el pago de indemnizaciones, la restitución de millones de hectáreas, todo, a través de la coordinación de 42 instituciones del Estado. El entorno regional ha ayudado para que esta negociación sea sostenible. No obstante, a pocos colombianos ha logrado convencer la estrategia de Santos.
Además, los viejos fantasmas de “amor narcótico” entre el sistema político y los carteles del narcotráfico, aparecieron como componente central de la “campaña sucia” entre Santos y Zuluaga. A Santos no dejó de salpicarle el escándalo de su hoy exasesor de campaña el pundit venezolano Juan José Rendón -J.J. Rendón- acusado de haber recibido dinero del narcotráfico para la campaña de Santos en 2010. Un caso muy familiar en la historia de la política colombiana, que en su haber tuvo el sonado ‘Proceso 8000’, en el que se incriminaba al expresidente Ernesto Samper de haber recibido 4 mil millones de pesos del narcotráfico -del cartel de Cali- para su campaña de 1994.
Curiosamente, y de manera casi paralela, la bomba estalló del lado de Zuluaga. En un video revelado por la ‘Revista Semana’, se mostraba a Zuluaga y al “hacker” Andrés Sepúlveda conspirando contra el proceso de paz y la candidatura de Santos. La página ‘Diálogos a voces’ sería la cara visible de la filtración de información. Lo que ha sido aún más desconcertante es que a pesar de que la Fiscalía colombiana determinó la autenticidad del video 2 días antes de las elecciones, el veredicto muy poco alteró la balanza.
Los datos macroeconómicos, tan venerados por la comunidad internacional, tampoco parecen haber incidido a favor de la opción – Santos. Por ejemplo: Colombia ha crecido a un ritmo del 4,6% anual, la inflación en 2013 se situó en menos del 2%, el desempleo es del 10,7% y la pobreza se ubicó en 30,6% para el mismo año. Nada de esto lo ha ayudado.
¿Qué tanto puede cambiar el escenario hasta el 15 de junio cuando se realice la segunda vuelta? ¿Más guerra sucia y menos propuestas orgánicas? ¿Cuánto de ese 60% saldrá a votar y por quién lo hará? Las alianzas pueden dar una primera luz sobre la reconfiguración de las fuerzas. De los 3 candidatos que no pasaron a segunda vuelta, solo uno se ha pronunciado -hasta el momento de escribir este artículo- a favor de Santos. El Polo Democrático, de Clara López, se inclinaría por el voto en blanco; los Conservadores de Marta Lucía Ramírez esperarían a escuchar a ambos, antes de decantarse por uno de ellos; y el Partido Alianza Verde, de Enrique Peñalosa le apostaría a “la paz de Santos”. Se suma a aquello, el apoyo de 3 altos funcionarios de la administración del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro: Jorge Rojas, secretario de Integración Social; José Miguel Sánchez, director del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), y Aldo Cadena, secretario de Salud, quienes ya han renunciado a sus cargos para acompañar a Santos en su camino a la reelección.
En caso de que Zuluaga ganara no solo dejaría en ciernes los diálogos de paz y sus condiciones, sino que -llamativamente- también los Tratados de Libre Comercio (TLC). Ha dicho que ya no firmará más TLC y que, incluso, los renegociará. Ese es su discurso, al menos, como candidato.
Con la candidatura de Santos, es la segunda vez que se pone en marcha la enmienda constitucional de 2005 promovida por Uribe para presentarse a la reelección. Comparativamente, lo obtenido por Uribe en 2006: más del 60% en una sola vuelta, se distancia ampliamente de los resultados de la opción-Santos.
Pese al encandilamiento que ha sobreestimado a la ultraderecha en estos últimos días, las alianzas podrían jugar a favor de Santos y su discurso de búsqueda de la paz. Pensar la paz como fin de la “violencia directa” -visible y física- no es suficiente, la necesidad de un nuevo contrato social que integre una agenda hacia una “paz estructural” de acceso a la educación y a la salud se acentúa. No está por demás admitir que la paz de Colombia es la paz de la región.
