Para la mayoría de los españoles, el primero de mayo no fue una jornada de vacancia, menos aún de celebración; por el contrario, significó ubicar, una vez más, en el centro del debate la preocupación por el desempleo, la cara más sensible de la crisis económica desatada en 2008 por una confluencia de factores endógenos y exógenos.
La debacle financiera mundial de 2008, que afectó sobre todo a los mercados, a las aseguradoras y reaseguradoras, así como a varios sectores de la economía internacional (por ejemplo, el automotriz); sumada a la especulación inmobiliaria en España, un país cuyo sector de la construcción significa el 34% del PIB; y la inflación, determinaron que el número de “parados” crezca de modo galopante y sin señales de disminuir. De 2008 a 2014, la cifra de desempleados ha pasado de un 17% a 26% de la población económicamente activa. Para el primer trimestre de este año, la Comunidad de Andalucía lleva la delantera con un 35% de parados.
La crisis y las reducidas oportunidades de trabajo han tenido consecuencias heterogéneas en la sociedad española. Por ejemplo, los jóvenes menores de 25 años han sido los más golpeados.
El Instituto Nacional de Estadística de España (INE) anunciaba esta semana que el desempleo juvenil se había reducido un 2,8%; pese a ello, la tasa es aún una de las más altas de Europa con el 55,48%. Los inmigrantes también se sitúan dentro de los segmentos poblacionales más vulnerables, con un 37,72%.
Como sucede a menudo, esta crisis no es solamente económica, sino política. En 2010, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) –en teoría de izquierda- impuso, quizá, uno de los mayores tijeretazos sociales de la historia de España, al recortar los salarios de los funcionarios públicos, las pensiones y eliminando el “cheque bebé” -una prestación de 2.500 euros ($ 3.472) que recibían las futuras madres por el nacimiento de su hijo-.
La recesión acentuó el desdibujamiento de las fronteras identitarias y programáticas de la izquierda y la derecha. Zapatero y Mariano Rajoy han tomado la misma vía: gasto social mínimo y reducción del Estado de bienestar, algo que de lejos no ha solucionado los problemas derivados de la crisis de 2008. Esta semana el gobierno de Rajoy –del Partido Popular (PP)- prometió en su reciente actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017, recuperar al menos 600 mil empleos en dos años. Esto significaría una ligera disminución del 10% del total de seis millones de parados.
Las medidas de austeridad no son solo instrumentos de la tecnocracia financiera europea, sino verdaderas amenazas a los derechos sociales conquistados, en gran medida, por la histórica lucha obrera, que hoy en España parece tener más que nunca motivos de movilización.
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